Tendrá una capacidad para alojar a 500 reclusos y está diseñado para constituirse en un lugar para la rehabilitación de las personas privadas de su libertad cumpliendo con el respeto irrestricto por los derechos humanos. Las múltiples inversiones en materia penitenciaria apuntan a erradicar para el 2015 la detención de presos en Comisarias.
Capitanich resaltó la importancia del nuevo edificio en el proceso de transformación de la estrategia de intervención del Estado en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de seguridad. En este contexto de manera de optimizar la prestación de servicios de seguridad se dividieron las estructuras de intervención según las distintas complejidades, estableciéndose tres áreas diferenciadas claramente: el Sistema Penitenciario Provincial, el Sistema de Seguridad Vial y el Sistema de Seguridad Preventiva.
En torno al Sistema Penitenciario esta gestión de gobierno se ha planteado un objetivo esencial que es “la readaptación del ciudadano en conflicto con la ley penal para su reinserción social”. Capitanich expuso que estas políticas públicas están inspiradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que “las cárceles de la Nación (y en este caso de la provincia) deberán ser sanas y limpias para seguridad, y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
El gobernador aseguró que las distintas estrategias ejecutadas por el gobierno apuntan a reducir el índice delictivo potencial, dado que la reinserción y la readaptación de un individuo detenido en un Sistema Penitenciario que cumple con las condiciones establecidas en la Constitución, evita delitos futuros.
Acompañaron al gobernador de la inauguración del nuevo Complejo Penitenciario Nº II los ministros, Omar Judis (Infraestructura ); Juan Manuel Pedrini (Gobierno); Eduardo Aguilar (Economía); el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación, Franco Picardi; el jefe del Servicio Penitenciario Provincial, José Luis Benítez; el intendente de Sáenz Peña, Gerardo Cipollini; el subsecretario de Derechos Humanos, José Valenzuela; diputados nacionales, provinciales y autoridades de la Policía del Chaco.
