La entrega de títulos implica "la apertura de calles, laconstrucción de veredas, el perímetro del terreno, la localización para garantizar que ese terreno tenga agua potable, acceso a cloacas y a calles para garantizar el acceso", explicó Capitanich.
Con el objeto de garantizar mejores condiciones de vida para la población, el gobernador Jorge Capitanich presentó esta mañana el Programa de Regularización Dominial y Ordenamiento Territorial del Gran Resistencia. Se trata de una propuesta planificación urbana que apunta a mejorar las condiciones de vida de la población, mediante la ejecución de obras de infraestructura básica y acceso a títulos de propiedad. Así, según las metas fijadas, el proceso de saneamiento parcelario y ambiental permitirá resolver, en 36 meses, las necesidades de barrios, asentamientos y villas del área metropolitana.
En el lanzamiento estuvieron presentes acompañando al gobernador el ministro de Desarrollo Urbano y Territorial Gustavo Martínez, los subsecretarios de Ordenamiento Territorial Juan Turbay, los diputados nacionales Hugo Maldonado y José Mongelo y los intendentes de Puerto Vilelas Marcelo Gonzales y de Fontana Antonio Rodas, entre otros funcionarios.
EL PLAN
En una primera etapa, más de 3000 familias de 35 barrios tendrán su título de propiedad y se verán beneficiadas también con las acciones de saneamiento parcelario y ambiental en sus barriadas. En la segunda etapa se beneficiará a 7000 familias y luego continuarán otras hasta alcanzar la totalidad de asentamientos del área metropolitana, que asciende a 271.
Para el desarrollo de las tareas se conformarán Consejos Consultivos que, basándose en los datos del Registro único del Hábitat, permitirán identificar la cantidad de personas en situación precaria que serán favorecidas con la medida. La estrategia de regularización dominial contempla también el pago de los títulos de propiedad en “cuotas razonables y de largo plazo”. A su vez, esas cuotas integrarán un fideicomiso que será destinado a saldar los instrumentos de pagos para expropiación de los terrenos por un monto cercano a los 70 millones de pesos.
