El asesor legal de la Gobernación, Miguel Garrido, explicó que desde el Gobierno se cree meritorio iniciar acciones judiciales contra los legisladores ya que consideran que las declaraciones realizadas (dijeron que del Chaco se transfirió una suma estimada en 233 millones de pesos al ex apoderado de la Fundación Madres Plaza de Mayo Sergio Schoklender) son infundadas, poco claras e irrespetuosas.
“Según los tratados internacionales, todos los juicios realizados sobre algo o alguien deben claros”, explicó. Al respecto señaló que no se puede involucrar a la provincia o al gobernador en cuestiones donde la única responsabilidad que tenia era la de controlar los avances de la obra. “Que sea un juez el que resuelva si son acorde los modos y estilos expresados”, dijo.
Por otro lado, Garrido aseguró que trabaja en contestar los pedidos de informes realizados por el juez federal nacional Nº 8, Marcelo Martínez de respecto a todo lo que tiene con la operatoria del programa de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sueños Compartidos.
Además, comentó que el gobernador ratificó que brindará todos lo necesario para que los integrantes de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la Nación -que visitarán la provincia la semana próxima-, puedan conocer los detalles de la curva de trabajo, el contrato, la curva de inversiones y la verificación en las obras que se llevaron a cabo. Inclusive anticipó que se ofrecerá movilidad a los legisladores para que in situ – es decir, en el lugar- observen lo realizado y puede ejercer la verificación de los precios.
El asesor Legal de la Gobernación manifestó su preocupación por la poca claridad en la investigación ya que, según dijo se mezclan lo realizado por la Justicia con lo de los diputados. “Estamos trabajando para evitar confusión, buscamos prudencia y cuidado, para no mezclar a todos los actores, incluso a gente que no tienen nada que ver”, explicó.
