En tres meses, se produjeron tres asesinatos en los cuales se vincula a la Policía del Chaco

Marcelo Sibilla Hace dos meses y medio el joven “Cayín” Godoy, luego de ser entregado por los vecinos de las 400 Viviendas a los oficiales del 911, aparecía muerto en el Hospital Perrando por causas que aún no se determinan. Ayer se cumplió un mes de que el adolescente Exequiel Aguilar en Barranqueras fue asesinado por disparos provocados por un policía de quien es espera que se dicte la prisión preventiva. Y el pasado domingo, Maximiliano Pelayo, en un barrio de Fontana, moría tras ser ejecutado por la espalda. Los tres casos tienen un factor en común; el accionar policial contra un determinado sector; el de las clases bajas, y por si fuera poco, Pelayo era un joven Qom. Mientras tanto, en los tres hechos no hay muchos avances judiciales y se apunta no solamente a las fuerzas de seguridad y su papel, sino también a la impunidad con la que se manejan en la justicia y su relación con la política. Marcelino Leiva es abogado querellante en el caso de Aguilar y sostiene que hay una “disposición política” para que los agentes “tiren a matar”, lo cual está garantizado luego por una “serie de cuestiones que tiene que ver con el encubrimiento de los casos”. “La gente tiene miedo de ir a declarar en la policía y la comisaría, porque no hay tal investigación, sino un hostigamiento para que lisa y llanamente se retracte de lo que afirmaron”, dijo en relación a lo que está sucediendo con los testigos de la causa que lleva adelante. Es que acusó al Órgano de Control Institucional (OCI), que cita simultáneamente en la Comisaria 2º de Barranqueras a quienes ya declararon en la justicia como testigos. “Éste es un órgano de control institucional de la Policía, que estaría encargado de investigar al personal, pero llaman a los chicos que han declarado en la causa judicial”, afirmó, pero aclaró que “nadie declarará más de lo que lo hizo frente al juez” ni tiene la obligación de hacerlo. No obstante, el objetivo que tiene esta disposición, es el de amedrentar y hostigar a quienes atestiguan en contra de la Policía. Mientras tanto, espera el dictado de prisión preventiva del policía Palacios, acusado de haber disparado contra Exequiel. “Estamos tratando de incorporar nuevos elementos de prueba, ya que los testigos lo dan como autor de los supuestos disparos” dijo.